Apuntes de historia: Historia de Roma. La crisis de la República (V)
Como hemos visto en otras entradas, el inicio del siglo II fue un gran salto para la República romana que se convirtió en la principal potencia económica y militar del Mediterráneo. Dicha expansión, tuvo unas importantes consecuencias en el ámbito social, pues si bien las viejas luchas entre patricios y plebeyos de los primeros siglos de la República se habían acabado, estas dieron paso a nuevos conflictos de carácter social, esta vez entre la «nobleza» patricio-plebeya y las masas populares. De hecho, las grandes conquistas y la ampliación territorial favoreció no solo la diferencia entre las distintas clases sociales sino además, la desmembración de la nobilitas romana en varias facciones.
Por un lado nos encontramos con los optimates, que se erigen como guardianes de la tradición y partidarios del mantenimiento del Senado como principal órgano de gobierno de la República. Por otro lado, los populares defienden una apertura del poder político sobre otras instituciones como el tribuno de la plebe o los comicios, así como una ampliación del propio Senado. Estos grupos están lejos de parecerse a los partidos políticos contemporáneos, pues eran facciones muy heterogéneas y abiertas. Además, siempre existió un equilibrio entre ambas posturas que les obligó a repartir de algún modo el poder. No obstante, más allá de las diferentes perspectivas que podían tener unos y otros, no dejaban de ser miembros de la élite romana y con la conquista de grandes regiones a lo largo del Mediterráneo, habían pasado de ser propietarios de fincas de una extensión modesta a tener grandes extensiones latifundistas. Por consiguiente, no solo se desataron una serie de consecuencias sociales como la ampliación de las masas campesinas, sino también un cambio económico en la producción agrícola que pasó de ser prácticamente de subsistencia a la posibilidad incluso de exportar. De este modo, pese a que los miembros del Senado no podían participar en actividades económicas, si les estaba permitida la actividad agrícola, por lo que pronto empezaron a moverse grandes cantidades de dinero, esclavos y productos agrícolas. En este contexto surgen clases medias que se favorecen de los intercambios comerciales y que pasarán a denominarse como equites (orden ecuestre), por la posibilidad de mantener un caballo a la hora de servir en el ejército.
A mediados del siglo II la tensión interna en Roma comienza a agudizarse con la polarización de la vida política y sobre todo a partir de la elección como tribuno de la plebe de Tiberio Sempronio Graco en el 134. De hecho, como partidario del grupo de los populares, Tiberio Sempronio Graco propondrá una reforma agraria en favor de la plebe para acabar con los latifundios y las grandes propiedades. Esta reforma, conocida como la Lex Sempronia, proponía la devolución de las tierras arrebatas al ager publicos, así como la limitación para que ninguna propiedad agraria superara las 500 iugera (unas 125 hectáreas). Las nuevas tierras disponibles se repartirían entre los ciudadanos romanos en lotes indivisibles para evitar la formación de nuevos latifundios. Evidentemente, esta propuesta fue en contra de los intereses de los grandes propietarios, muchos de ellos senadores, que se habían enriquecido en los últimos años gracias a la expansión territorial. Los optimates se organizaron en torno a la figura de Emiliano Escipión y se postularon en contra de dicha propuesta. Y, aunque la ley fue aprobada por el Tribunado de la Plebe y el Senado no tuvo más remedio que ratificarla, al año siguiente con el asesinato de Tiberio Sempronio Graco se vería paralizada.
Pero, con el acceso al Tribunado de la Plebe de Cayo Graco (hermano de Tiberio) en el 123 se retoma la política reformista de su hermano. Para empezar, se vuelve a poner en marcha el proceso iniciado con la Lex Sempronia con los objetivos de aumentar el número de ciudadanos disponibles para el ejército, reducir el número de esclavos y restablecer al pequeño campesinado. Además, no solo se preocupó de las cuestiones agrarias, sino que amplió el programa de reformas a distintos ámbitos; por un lado, promovió la Lex Ab Actis, por la cual un magistrado destituido no podía volver a ejercer un cargo público, también se adoptaron medidas en cuanto a la organización territorial y política, por ejemplo se permitió el acceso a equites a los tribunales permanentes, se reorganizó la provincia de Asia y, se intentó evitar los abusos senatoriales en las provincias con la Lex Provinciis Consularius. Sin embargo, al igual que le sucedió a su hermano, murió asesinado -algunos autores hablan de suicidio- debido a la oposición que generó sus políticas en el Senado y en ciertos sectores de la élite romana.
El paso de los Graco por la política romana evidenció la crisis del sistema político republicano. Ante la presencia de reformistas radicales, como asegura Mary Beard, el Senado utilizó el decreto del senatus consultum ultimum como «una excusa partidista para suspender las libertades civiles y una tapadera legal para la violencia premeditada» (Beard, 2015). De hecho, desde el linchamiento público a Cayo Graco y sus seguidores, este decreto se utilizó al menos en tres ocasiones hasta la creación del Principado. Y si bien, la crisis interna de Roma se iba acrecentando, los éxitos militares en el exterior favorecieron el ascenso de ciertas figuras con cargo militar que tras las victorias decidieron cobrar su recompensa. De hecho, sin la guerra de Yugurta (113-105) y el conflicto con los cimbrios y teutones (113-101), no podríamos entender la aparición de nombres como los de Cayo Mario o Sila.
Cayo Mario ejerció de cónsul en ambos conflictos. En el primero y con la ayuda de Sila como cuestor, remontó una guerra que parecía perdida desde el principio, logrando que Numidia pasara a formar parte del ámbito romano. En el segundo, y de nuevo recuperando al ejército romano después de unas primeras derrotas, saldría victorioso siendo incluso aclamado como el «tercer fundador de Roma». El terreno de Cayo Mario era el campo de batalla y conocedor de la graves crisis económica por la que pasaban las clases más bajas, promovió una importante reforma del ejército. Dicha reforma consistió en un cambio en el sistema de reclutamiento mediante la cual el Estado se ofrecía a proporcionar el equipamiento, un stipendium -salario- a los voluntarios de las clases bajas. Además, se les daba la posibilidad de hacerse con parte del botín de guerra y pequeños lotes de tierra después de licenciarse. Evidentemente, Cayo Mario no hizo esto solamente por mejorar la situación de la plebe. Él se podía imaginar la importancia de poder contar con la fidelidad de gran parte del ejército en un momento de importante crisis institucional de la República. De hecho, las principales consecuencias de su reforma fueron precisamente la proletarización y profesionalización del ejército, ya que muchos romanos lo adoptaron como un modo de vida y, además, el surgimiento de los ejércitos personales por la creación de redes clientelares.
De este modo, Roma entrará en el siglo I en unos momentos de crisis social y tensión política donde poco a poco se va consolidando el antagonismo entre optimates y populares. Como hemos visto, Cayo Mario se había convertido en una figura casi providencial y había conseguido acaparar multitud de magistraturas para conservar su poder, pero con el Senado en su contra, tendrá que salir de Roma en el año 99. Y si bien su marcha supuso el establecimiento de una relativa paz interna, con una política controlada por la élite senatorial, también sirvió para el ascenso de otros personajes deseosos de poder como Livio Druso o Sila. El primero accedió al Tribunado de la Plebe en el año 92, y aprovechó su cargo para promover una serie de medidas demagógicas y radicales que entraban en conflicto con la postura de los senadores más conservadores. De hecho, el acuerdo que estableció con los aliados italianos para su acceso a la ciudadanía romana y su posterior desaprobación por parte del Senado -con el asesinato del propio Livio Druso-, desencadenó la conocida como guerra Social o guerra de los Aliados (91-88). Un conflicto que comenzó con serias complicaciones militares para Roma, por lo que tuvo que optar por la vía diplomática para acabar el conflicto. Por ello, se propusieron varias medidas para apaciguar a los aliados itálicos. En primer lugar mediante la Lex Iulia en el año, por la cual se concedía la ciudadanía romana a todos aquellos itálicos que no se habían levantado en armas. En el año 89 se promulga la Lex Plauta Papiria, ofreciendo la posibilidad de optar a la ciudadanía a todas las comunidades de aliados y finalmente, ese mismo año la Lex Pompeia otorgaba la ciudadanía a los itálicos de la Galia Cisalpina. Con dichas medidas, los aliados sublevados perdieron fuerza y son derrotados en el año 88.
De la guerra, uno de los grandes beneficiados será Lucio Cornelio Sila, que después muchos años tras la sombra de Cayo Mario obtendrá su premio, ya que en el año 88 fue elegido como cónsul. En este sentido, vamos a ver como cada vez será más frecuente la rivalidad entre los distintos mandos militares por cobrarse sus victorias en forma de botín o de magistraturas. Todo ello teniendo en cuenta que, además, la reforma militar de Cayo Mario no hizo sino favorecer el clientelismo de los soldados con sus generales que les hacía ser más leales a estos que a la propia República romana, con lo cual la presión de estos sobre el Estado llegará a ser enorme. De hecho, la guerra de los Aliados había propiciado la presencia de numerosos ejércitos cercanos a Roma y, en este contexto, podemos entender mejor la escalada de violencia que acompaña el ascenso de Sila al consulado.
Y es que Sila fue la figura fundamental del periodo de violencia extrema que se abrió cuando él mismo invadió Roma con un ejército para reclamar el mando de la guerra contra el rey Mitrídates VI de Ponto, que en un primer momento le había sido concedido. En ese momento, muchos de sus rivales, incluido Mario, habían huido ya de Roma hacia otras provincias romanas. Pero, una vez consigue el mando del ejército contra Mitrídates, parte hacia Oriente y Roma queda otra vez bajo la influencia de los contrincantes de Sila, principalmente los populares en torno a la figura de Cinna. Pero a su regreso victorioso de oriente, Sila no dudó en continuar con la represión a la que había sometido a sus contrincantes ya en el año 88 y, aprovechando la situación de violencia social existente en la ciudad de Roma, organizó su propio nombramiento como dictador en pro de restaurar el orden de la res publica (Lex Valeria, 82).
La dictadura, una magistratura que desde el 202 no se había activado, iba a adoptar un tono mucho más conservador en las manos de Sila, pues ni tenía un límite de tiempo, ni había ningún tipo de limitación a sus decisiones. De este modo, con la consolidación de su poder, emprendió un programa de reformas mayor incluso que el de Cayo Graco. En primer lugar, consciente del poder legislador que había tenido en las últimas décadas el Tribuno de la Plebe, limitó su poder y derecho a veto. Del mismo modo, procurando una recuperación de los poderes senatoriales, desde ese momento cualquier ley debía ser aprobada en un primer momento por el Senado. Se tomaron varias medidas económicas relativas a la reducción de las raciones de trigo gratuitas, así como una oposición frente al lujo exagerado. También, elevó el numero de miembros de algunas magistraturas como por ejemplo; lictores (24), senadores (600), cuestores (20) y pretores (8). Y, finalmente, al mismo tiempo que se confiscaron los bienes a todos sus adversarios políticos, premió con un amplio programa de fundación de colonias y tierras a sus tropas licenciadas. En el año 79, sin que haya una postura clara por parte de los historiadores, Sila renunció a la dictadura para retirarse en la Campania, donde morirá un año más tarde.
Pero, con el acceso al Tribunado de la Plebe de Cayo Graco (hermano de Tiberio) en el 123 se retoma la política reformista de su hermano. Para empezar, se vuelve a poner en marcha el proceso iniciado con la Lex Sempronia con los objetivos de aumentar el número de ciudadanos disponibles para el ejército, reducir el número de esclavos y restablecer al pequeño campesinado. Además, no solo se preocupó de las cuestiones agrarias, sino que amplió el programa de reformas a distintos ámbitos; por un lado, promovió la Lex Ab Actis, por la cual un magistrado destituido no podía volver a ejercer un cargo público, también se adoptaron medidas en cuanto a la organización territorial y política, por ejemplo se permitió el acceso a equites a los tribunales permanentes, se reorganizó la provincia de Asia y, se intentó evitar los abusos senatoriales en las provincias con la Lex Provinciis Consularius. Sin embargo, al igual que le sucedió a su hermano, murió asesinado -algunos autores hablan de suicidio- debido a la oposición que generó sus políticas en el Senado y en ciertos sectores de la élite romana.
El paso de los Graco por la política romana evidenció la crisis del sistema político republicano. Ante la presencia de reformistas radicales, como asegura Mary Beard, el Senado utilizó el decreto del senatus consultum ultimum como «una excusa partidista para suspender las libertades civiles y una tapadera legal para la violencia premeditada» (Beard, 2015). De hecho, desde el linchamiento público a Cayo Graco y sus seguidores, este decreto se utilizó al menos en tres ocasiones hasta la creación del Principado. Y si bien, la crisis interna de Roma se iba acrecentando, los éxitos militares en el exterior favorecieron el ascenso de ciertas figuras con cargo militar que tras las victorias decidieron cobrar su recompensa. De hecho, sin la guerra de Yugurta (113-105) y el conflicto con los cimbrios y teutones (113-101), no podríamos entender la aparición de nombres como los de Cayo Mario o Sila.
Cayo Mario ejerció de cónsul en ambos conflictos. En el primero y con la ayuda de Sila como cuestor, remontó una guerra que parecía perdida desde el principio, logrando que Numidia pasara a formar parte del ámbito romano. En el segundo, y de nuevo recuperando al ejército romano después de unas primeras derrotas, saldría victorioso siendo incluso aclamado como el «tercer fundador de Roma». El terreno de Cayo Mario era el campo de batalla y conocedor de la graves crisis económica por la que pasaban las clases más bajas, promovió una importante reforma del ejército. Dicha reforma consistió en un cambio en el sistema de reclutamiento mediante la cual el Estado se ofrecía a proporcionar el equipamiento, un stipendium -salario- a los voluntarios de las clases bajas. Además, se les daba la posibilidad de hacerse con parte del botín de guerra y pequeños lotes de tierra después de licenciarse. Evidentemente, Cayo Mario no hizo esto solamente por mejorar la situación de la plebe. Él se podía imaginar la importancia de poder contar con la fidelidad de gran parte del ejército en un momento de importante crisis institucional de la República. De hecho, las principales consecuencias de su reforma fueron precisamente la proletarización y profesionalización del ejército, ya que muchos romanos lo adoptaron como un modo de vida y, además, el surgimiento de los ejércitos personales por la creación de redes clientelares.
De este modo, Roma entrará en el siglo I en unos momentos de crisis social y tensión política donde poco a poco se va consolidando el antagonismo entre optimates y populares. Como hemos visto, Cayo Mario se había convertido en una figura casi providencial y había conseguido acaparar multitud de magistraturas para conservar su poder, pero con el Senado en su contra, tendrá que salir de Roma en el año 99. Y si bien su marcha supuso el establecimiento de una relativa paz interna, con una política controlada por la élite senatorial, también sirvió para el ascenso de otros personajes deseosos de poder como Livio Druso o Sila. El primero accedió al Tribunado de la Plebe en el año 92, y aprovechó su cargo para promover una serie de medidas demagógicas y radicales que entraban en conflicto con la postura de los senadores más conservadores. De hecho, el acuerdo que estableció con los aliados italianos para su acceso a la ciudadanía romana y su posterior desaprobación por parte del Senado -con el asesinato del propio Livio Druso-, desencadenó la conocida como guerra Social o guerra de los Aliados (91-88). Un conflicto que comenzó con serias complicaciones militares para Roma, por lo que tuvo que optar por la vía diplomática para acabar el conflicto. Por ello, se propusieron varias medidas para apaciguar a los aliados itálicos. En primer lugar mediante la Lex Iulia en el año, por la cual se concedía la ciudadanía romana a todos aquellos itálicos que no se habían levantado en armas. En el año 89 se promulga la Lex Plauta Papiria, ofreciendo la posibilidad de optar a la ciudadanía a todas las comunidades de aliados y finalmente, ese mismo año la Lex Pompeia otorgaba la ciudadanía a los itálicos de la Galia Cisalpina. Con dichas medidas, los aliados sublevados perdieron fuerza y son derrotados en el año 88.
De la guerra, uno de los grandes beneficiados será Lucio Cornelio Sila, que después muchos años tras la sombra de Cayo Mario obtendrá su premio, ya que en el año 88 fue elegido como cónsul. En este sentido, vamos a ver como cada vez será más frecuente la rivalidad entre los distintos mandos militares por cobrarse sus victorias en forma de botín o de magistraturas. Todo ello teniendo en cuenta que, además, la reforma militar de Cayo Mario no hizo sino favorecer el clientelismo de los soldados con sus generales que les hacía ser más leales a estos que a la propia República romana, con lo cual la presión de estos sobre el Estado llegará a ser enorme. De hecho, la guerra de los Aliados había propiciado la presencia de numerosos ejércitos cercanos a Roma y, en este contexto, podemos entender mejor la escalada de violencia que acompaña el ascenso de Sila al consulado.
Y es que Sila fue la figura fundamental del periodo de violencia extrema que se abrió cuando él mismo invadió Roma con un ejército para reclamar el mando de la guerra contra el rey Mitrídates VI de Ponto, que en un primer momento le había sido concedido. En ese momento, muchos de sus rivales, incluido Mario, habían huido ya de Roma hacia otras provincias romanas. Pero, una vez consigue el mando del ejército contra Mitrídates, parte hacia Oriente y Roma queda otra vez bajo la influencia de los contrincantes de Sila, principalmente los populares en torno a la figura de Cinna. Pero a su regreso victorioso de oriente, Sila no dudó en continuar con la represión a la que había sometido a sus contrincantes ya en el año 88 y, aprovechando la situación de violencia social existente en la ciudad de Roma, organizó su propio nombramiento como dictador en pro de restaurar el orden de la res publica (Lex Valeria, 82).
La dictadura, una magistratura que desde el 202 no se había activado, iba a adoptar un tono mucho más conservador en las manos de Sila, pues ni tenía un límite de tiempo, ni había ningún tipo de limitación a sus decisiones. De este modo, con la consolidación de su poder, emprendió un programa de reformas mayor incluso que el de Cayo Graco. En primer lugar, consciente del poder legislador que había tenido en las últimas décadas el Tribuno de la Plebe, limitó su poder y derecho a veto. Del mismo modo, procurando una recuperación de los poderes senatoriales, desde ese momento cualquier ley debía ser aprobada en un primer momento por el Senado. Se tomaron varias medidas económicas relativas a la reducción de las raciones de trigo gratuitas, así como una oposición frente al lujo exagerado. También, elevó el numero de miembros de algunas magistraturas como por ejemplo; lictores (24), senadores (600), cuestores (20) y pretores (8). Y, finalmente, al mismo tiempo que se confiscaron los bienes a todos sus adversarios políticos, premió con un amplio programa de fundación de colonias y tierras a sus tropas licenciadas. En el año 79, sin que haya una postura clara por parte de los historiadores, Sila renunció a la dictadura para retirarse en la Campania, donde morirá un año más tarde.
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